El abuso de la ADSL

7 12 2007

El País publicaba hace un par de días que el precio de la ADSL es un 20% más cara en España que en Europa, poder adquisitivo al margen. Y es que todos sabemos que añadir ADSL para tener acceso a Internet supone aumentar unos 30 euros de media nuestra factura telefónica mensual, 30 euros no es demasiado, pero si a eso le añadimos el mantenimiento de la línea, 13’70 euros más en el caso de Telefónica, más las llamadas con algún tipo de tarifa plana, más el IVA, supone aproximadamente unos 60 euros al mes, cantidad que ya pica, máxime cómo se han puesto las hipotecas y los precios de los alimentos básicos.

Por si esto fuera poco las compañías de telecomunicación campan a sus anchas pisoteando en muchos casos los derechos de los usuarios y consumidores: los plazos de instalación son largos, mínimo quince días pero es más probable que sea cerca de un mes (cuando no te desconectan la línea día y medio después de solicitar el alta en una nueva compañía sin ni siquiera haber visto el contrato, pero el servicio no te lo ofrecerán hasta un mes después, como me pasó la última vez que intenté un cambio); los servicios de atención al cliente son todos a través de un 902 de pago, siempre con acceso a través de una centralita automática con multitud de opciones, muchas veces poco claras; los teleoperadores carecen de formación técnica y muchas veces están mareándote entre diferentes opciones de configuración; la velocidad de navegación siempre es inferior a la contratada, y los habituales errores de facturación siempre a su favor, que cuesta una eternidad corregir.

Eso cuando tenemos acceso, porque hay multitud de lugares en España, poco poblados eso sí, donde conseguir un acceso de calidad es simplemente imposible.

Si el acceso a internet es un elemento fundamental, como individuos, para mejorar nuestras posibilidades de ocio, formación y participación en nuestra sociedad y para la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (las grandes no suelen sufrir estos problemas), estas dificultades evidentemente no ayudan en nada.

El actual Gobierno ha tomado medidas importantes, véase Plan Avanza, por ampliar la base de hogares conectados mediante banda ancha, dar formación y ayudas a PYMES, pero mientras el precio continúe siendo un 20% más alto aquí que en Europa y mientras las compañías de telecomunicación no respeten los derechos de los usuarios, la ADSL continuará siendo un abuso.


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